El gobierno de Buenos Aires inició en 1996 un proceso de descentralización política y administrativa junto con la apertura de canales de participación, recogidas ambas iniciativas en un Estatuto que buscó imprimir un sello de progresismo al gobierno local.

Entre otros aspectos, estableció una Ley General de Comunas encargada de dividir el territorio en unidades de gestión política y administrativa que tendrían un gobierno colegiado elegido de manera directa por la ciudadanía.

Asimismo, ordenó la puesta en marcha de mecanismos de participación, especialmente de carácter consultivo, como el Consejo del Plan Estratégico, el Plan Urbano Ambiental, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Ciencia y Técnica, las audiencias públicas, los consejos territoriales y, ¿qué crees? ¡el Presupuesto Participativo!

Se conformaron consejos consultivos integrados por asociaciones civiles y políticas con representación en la Legislatura, a los cuales se atribuyó funciones como la presentación de propuestas y el seguimiento de las prestaciones de servicios públicos.

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